Territorialicemos la lucha a favor de los pueblos indígenas y los derechos
de la Orinoquia
“El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías
extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios.”
Declaración del XIII Encuentro Feminista
de
América Latina y del Caribe,
Perú, noviembre de
2014
No solo de renta
vive el hombre. Desde el imperativo ético político que nos demanda este
tránsito del modelo rentista extractivista hacia el buen vivir y la defensa de
los derechos de la Tierra, los grupos de mujeres organizadas, ecofeministas en
resistencia y lucha versus el avasallante sistema mundo del capitalismo
depredador, analizamos y exponemos nuestras mejores razones para alertar sobre
las consecuencias que conllevaría desarrollar el Motor Minero y los proyectos
extractivistas de minería a gran escala que se plantea el gobierno venezolano desde
el llamado Arco Minero del Orinoco.
Desde inicios de nuestra historia
republicana, específicamente, a partir de la segunda parte del siglo XIX, la élite
que gobernaba Venezuela otorgó diversas concesiones mineras. La concedida al estadounidense
Joseph B. Austin en 1866, se convirtió en modelo de otras concesiones en
Guayana, cuya compañía minera “El Orinoco”, fue una de las primeras en
introducir maquinarias para la explotación de oro. A partir de 1870, se incrementaron
las concesiones y se organizaron seis grandes compañías: “la Compañía Minera
‘El Callao” (capital nacional y francés, considerara una de las principales
empresas auríferas del mundo a finales del siglo); la “Venezuela Austin Mining
Co.” (inglesa); “la Yuruari, Ltd.” (inglesa); “Potosí” (inglesa); “Choco Gold
Mining Company” (inglesa) y; “El Callao-Bis” (inglesa). Esta moderna forma de
explotación aurífera propició que en nuestro país se desarrollaran políticas
monopólicas favorables al capital foráneo en materia de transporte y
comunicaciones.
El tipo
de acuerdo que se estableció con las compañías extranjeras en la segunda mitad
del siglo XIX, tuvo su máxima expresión en el Protocolo Rojas-Péreire firmado
en 1879, durante el gobierno de Guzman Blanco. Sus términos eran tan dañinos para
la soberanía nacional que se enfrentó a la oposición de sectores económicos y
políticos importantes, lo que impidió que éste se concretara. Nos atrevemos a afirmar que en el presente
asistimos a la reactualización de las
nefastas concesiones del periodo guzmancista, época en la que la élite creía
que el flujo de capitales extranjeros era el remedio para todos los males y el
motor del progreso.
Como vemos, este
proceso en el que desemboca el Arco Minero tiene antecedentes históricos que no
ignoramos y debemos incluir en el análisis para clarificar y ampliar la
compresión de los alcances de estas operaciones técnicas y sus repercusiones en
un potencial conflicto socioambiental de proporciones inusitadas. Con el fin de impulsar
el Motor minero, el Ejecutivo ha firmado estas concesiones con 150 empresas de
35 países y aún se desconocen los términos de esta negociación. Ante todo esto nos preguntamos: ¿Cuándo
fuimos debidamente informadas sobre esta importante operación de concesionar
nuestra más importante cuenca hidrográfica con 150 empresas de 35 naciones?
¿Cuándo fueron consultadas las comunidades indígenas, tal como lo ordena la
constitución y Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Qué pasó con la obligación del
Estado de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas? ¿Cuándo se
realizaron los estudios de impacto ambiental que exige nuestro marco legal?
La sigilosa
estrategia de la activación del Motor Minero concesionando casi el 12% de
nuestro territorio, corresponde tácticamente a las negociaciones vinculadas con
la codicia y avaricia corporativista sin límites de los capitales
transnacionales, que colocan el acceso a los “recursos naturales” como un
problema de seguridad nacional para las grandes potencias y el aparato
militar-industrial global, que requiere garantizar la disponibilidad de
minerales estratégicos que consideran vitales para darle sustentabilidad a su poder
hegemónico. Este contexto de guerra no convencional nos coloca en el ojo del huracán,
con inmensas reservas de crudo extrapesados, agua dulce y materias primas más
importantes del orbe, todo en el mismo territorio. En el tratamiento de los
llamados “recursos naturales” y particularmente su raíz económica está la
fuente de todos los conflictos, tal como lo describe Vandana Shiva.
Actualmente, el
gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido, dentro de esta lógica del
capitalismo rentístico extractivista, la marcha acelerada de unos proyectos que
ponen en serio riesgo, como nunca antes, nuestro bienes comunes más preciados -el
agua, la biodiversidad y el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas a lo
largo y ancho de nuestro territorio y más allá, costa afuera- con los modelos
de negocios para la diversificación de la economía, basados en la explotación
de las fajas minera, petrolera y pesquera bajo las figuras de las Zonas
Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN) y las Zonas Económicas Especiales
(ZEE), contenidas en la Ley de Regionalización Integral (LRI) aprobada en noviembre
de 2014. El investigador Emiliano Terán Mantovani enumera los principales
proyectos extractivistas planteados por el Gobierno Bolivariano a la fecha: el
Arco Minero (estados Bolívar y Amazonas), con sus cuatro bloques diferenciados
por su potencial y definidos por colores: azul para el coltán, amarillo para el
oro; marrón para el hierro y color perla para el diamante, que comprenden
111.000 km2, que sumados a la Faja Petrolífera del Orinoco ampliada (64.000 km2)
totalizan un “polo de desarrollo” de 175.000 km2. Además, están los
proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre de Gas Off Shore (29 bloques desde el Golfo de Venezuela hasta noreste
del estado Falcón); Carbozulia en la zona noroccidental del estado Zulia, que
prevé apertura de nuevas minas con la afectación de los ríos Socuy, Maché y
Cachirí; Lomas de Níquel para extracción de yacimientos a cielo abierto en los
estados Aragua y Miranda; y la Faja Pesquera Acuícola de Venezuela en el eje
norte costero de las fachadas atlánticas y caribeñas, con producción pensada
para consumo interno y exportación de pescado para la generación de divisas.
Somos conscientes
de que el complejo militar industrial, las transnacionales mineras y los
especuladores financieros tienen absoluta indiferencia por el debate ecológico,
ni siquiera por el papel de resistencia de las comunidades y pueblos que
protestan y rechazan lo que consideran una amenaza a la continuidad de la vida
en el planeta y mucho menos si nuestros Estados nacionales vigilan o garantizan
el cumplimiento de las normas ambientales.
La región
nuestramericana y caribeña donde nos encontramos posee el 40% de la
biodiversidad del mundo, reúne ocho de las 25 eco-regiones terrestres
biológicamente más ricas del planeta; que contienen alrededor de 246.000
especies de plantas, 1.597 de anfibios; 1.208 de reptiles, 1.267 de aves y 575
de mamíferos. El 48% de Nuestramérica está cubierto de bosques naturales. Los
12 países que conforman UNASUR representan el más grande reservorio de recursos
naturales del mundo: el 24% de agua dulce del mundo, el más grande pulmón
vegetal con la más importante reserva forestal, y todos los minerales,
inclusive los elementos no despejados o descubiertos de la tabla de Mendeleiev,
están en nuestros suelos. Estos datos son importantes ponerlos en contexto
junto a los planes que el capitalismo, la financiarización y mercantilización
global vienen planteando para nuestras economías vulnerables, poco
desarrolladas, que acrecientan nuestra dependencia de distintos mecanismos
disfrazados de cooperación internacional: el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, (NAFTA, 1994); el Plan Puebla Panamá (2001); y los Ramales y
Conexiones Regionales Complementarios para Conformar la Red Internacional de
Carreteras Mesoamericanas (RICAM); la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión
Energética basado en el ALCA; el CAFTA con sus peligrosos capítulos de
Inversiones, Medioambiente y Propiedad Intelectual (2002-2006); sus organismos
como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas e
Inversiones) cuya sede comparte con el Banco Mundial (BM); el ACA (Acuerdo de
Cooperación Ambiental) con USA para el “crecimiento del comercio e inversión de
bienes y servicios ambientales” y los conocidos Tratados Bilaterales de Libre
Comercio (TLC), los recientemente firmados tratados de Alianza del Pacífico (extensión del Trans
Pacific Partnership o TPP), y el Trade In Services Agreement (o TISA), todos éstos operan
bajo el principio de deuda por naturaleza, cosificando y mercantilizando nuestros
bienes comunes, manejándolos como commodities,
vulnerando nuestras soberanías y aumentando nuestras dependencia, puesto que
subordinan nuestros Estados Nacionales y marcos jurídicos a una legislación
global.
El tema de la
soberanía sobre nuestros territorios –como con nuestros cuerpos- nos ha
colocado, de acuerdo con la visión del capitalismo heteropatriarcal, en minoría
de edad, sin poder de decisión y con una voz reducida al eco de la queja. Así
es percibida la naturaleza, el espacio territorial y político es una vacante
donde los modelos negocios, explotación e intercambio prosperan,
invisibilizando y anulando los conflictos socioambientales que estallan
cíclicamente de manera dramática, pues cobran la vida de las mujeres y la
infancia arrasada por las políticas del capitalismo globalizado. El Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC) y la Iniciativa de Integración de la
Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) no está desligado de estos
planes que pretenden expandir los alcances del Arco Minero y la Locomotora
Minera (Colombia), con cuyas cuencas hidrográficas compartimos históricas
relaciones carnales, culturales y comerciales. La
sequía, la destrucción de la vida orgánica, el paramilitarismo, el contrabando,
el secuestro, el asesinato, el desplazamiento forzado de las comunidades
indígenas, la violencia sexista, la prostitución y trata de personas, así como
la militarización y el fenómeno de la guerrilla y el hampa común son algunos de los
macabros productos del negocio de la extracción minera.
Asimismo, las cifras divulgadas en varios estudios demuestran que,
entre los humanos, las mujeres pobres no blancas son las más afectadas por la
destrucción del ambiente y sus consecuentes catástrofes naturales. Asimismo, la
actividad minera afecta directamente la vida de las niñas, las adolescentes y
las mujeres indígenas y criollas, quienes están expuestas a la bio-acumulación de mercurio, la explotación laboral, el alcoholismo y la aculturación; son
las principales víctimas de la violencia sexista, especialmente la sexual,
están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y son empujadas desde la
infancia a la prostitución y trabajo forzado. Esta serie de agresiones se
realiza con la participación de los militares y autoridades locales, amparados
en la indiferencia del Estado.
Sin embargo, las mujeres indígenas y
mestizas no han sido simples víctimas. Como resultado de su propia experiencia, las mujeres
son dueñas de una mayor conciencia y visión de que el deterioro de la
naturaleza y de sus recursos desemboca en el deterioro de la vida. Muchas
se han sobrepuesto valientemente a esta constante coacción sexista y se han
convertido en las principales protagonistas en la lucha por construir, a riesgo
de sus vidas, un tipo diferente de lazo social y otro modelo de relación con la
naturaleza y los seres vivos, como lo demuestran las figuras de Berta Cáceres y
Máxima Acuña.
Las mujeres venezolanas, quienes
hemos sido las más afectadas por la llamada guerra económica que vive el país,
hemos jugado un papel fundamental en los partidos políticos, hemos liderado los
diversos movimientos de base y las numerosas misiones sociales impulsados por
el gobierno bolivariano. Por lo tanto, hemos acumulado una amplia experiencia
organizativa que se ha traducido en el fortalecimiento del trabajo en
colectivo.
Las
mujeres hemos sufrido durante muchos años todas las formas de violencia
generada por la metástasis sexista neoliberal, asimismo, hemos sentipensado la
amenaza a todas las
formas
de vida en el planeta generada por el capitalismo patriarcal. El ecofeminismo
nos ha permitido adquirir una conciencia ética y política del papel protagónico
que hemos jugado las mujeres como defensoras y protectoras de todo tipo de vida
orgánica. También nos ha llevado a explorar los complejos vínculos entre el
sistema patriarcal y sus distintas formas de violencia, incluida la dirigida
hacia la naturaleza. Además de ubicar en el actual sistema capitalista global
tanto las causas de la destrucción acelerada de nuestros ecosistemas como el
despojo del conocimiento acumulado por nuestras diversas comunidades indígenas.
En este sentido, consideramos que una
de nuestras más urgentes acciones es detener el avance del demoledor Motor Minero,
que es la expresión más reciente de la explotación y penetración sin fin de la
naturaleza, y un hito más del “mal desarrollo” occidental. Si se llega a poner
en marcha el Motor Minero y el proyecto del Arco Minero del Orinoco, con la
llegada de 150 empresas transnacionales, el proceso de deterioro de todas las
formas de vida se acelerará y acabará con la diversidad cultural, al afectar
directamente el hábitat y exterminar las formas de vida de las distintas
comunidades y pueblos indígenas ubicados en la zona.
Las ecofeministas exigimos una
inmediata moratoria de esta negociación de una magnitud que no dudamos en
calificar de ecocidio y que no tiene precedentes en la historia de la Venezuela
republicana. Esta demanda esta sustentada en nuestro conocimiento de la
historia económica y política de nuestro país y en la toma de consciencia de
los irreversibles efectos del extractivismo minero en los diferentes
ecosistemas y en la soberanía de nuestros países. Las consecuencias son abisales,
por eso extraña que las y los venezolanos no hayamos sido consultados, mucho
menos informados, sobre los términos de esta negociación.
Por estas razones, el reclamo incluye
el llamado a que el gobierno venezolano, en correlación con los principios de
la Constitución Bolivariana, promueva el diálogo sobre el Motor Minero. Un diálogo que no debe temer al debate y mucho
menos a la escucha de lo que tenemos que decir las mujeres organizadas. Este es
el momento propicio para abrir la discusión franca sobre otras formas de producción
que den resultados sostenidos y sustentables a largo plazo, y para deliberar
sobre un modelo económico diferente que no comprometa la soberanía, a la vez
que se desprenda de la lógica de destrucción de la naturaleza y de las formas
de vida de las distintas poblaciones que habitan las regiones afectadas.
Las ecofeministas tenemos mucho que
aportar a esta discusión, pues hemos desarrollado un sólido aparato teórico que
va desde la crítica a los presupuestos detrás de la tecnociencia, la filosofía
moral tradicional, la economía política hasta las propuestas de soluciones
alternativas al modelo actual de dominio de la naturaleza. Además, tenemos una
creciente experiencia organizativa que ha servido de modelo para todos aquellos
que luchan por un mundo diferente.
La amenaza de extinción de uno de los ecosistemas más
importantes del planeta, incluido el cuarto río más caudaloso del mundo, el
Orinoco, la destrucción de la megabiodiversidad para el equilibrio planetario,
el inevitable deterioro de la vida de los campesinos, la ampliación de
distintas actividades criminales relacionadas con el extractivismo, el
incremento de la violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes y ancianas
indígenas, así como el posible etnocidio de las comunidades y los pueblos
indígenas pemón
arekuna y pemón taurepang, sanema, ye´kwana, mapoyo, piaroa, hiwi, e´ñepa,
kariña y akawaio, nos autoriza a hacer este urgente llamado y a plantear
nuestras exigencias.
¡Por la impostergable
utopía ecofeminista: exigimos respeto para todas las formas de vida!
¡Cantemos a la vida!
¡No a la mina, sí a la vida!
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